Mientras no constase de una manera cierta la muerte de un cónyuge, el otro no podía contraer nuevas nupcias, y aun la mujer debía esperar un año (1), salvo el caso de las viudas de reyes, las cuales no podían volver á contraer matrimonio...

Se prohíbe el matrimonio entre personas libres y esclavas, entre el raptor y la robada, y entre parientes hasta el sexto grado civil, aparte de otras prohibiciones, explicables por el carácter religioso de alguno de los que intentaban celebrarlo (2).

El principal efecto del matrimonio en cuanto a las personas de los cónyuges, era la perpetuidad del vínculo, salvo los casos en que sí que se admitía el divorcio. El marido tenía la administración de los bienes de la familia, excepción hecha de las arras, así como la jefatura de la sociedad familiar. El adulterio era castigado con penas severísimas.

Los bienes matrimoniales se constituían con los del marido, los de la mujer, y las donaciones hechas por aquél a ésta, pues si existían de la mujer al marido, no encontramos disposición alguna respecto de ellas.

Donación del marido a la mujer eran no sólo las arras, sino las que durante el primer año de matrimonio podía hacerla; tanto unas, como otras, eran de la propiedad exclusiva de la mujer, así como las que el padre del marido diese a la mujer al tiempo de la celebración del matrimonio, pero aquéllas debían conservarse en poder del padre, y, en su defecto, de la madre, los hermanos o los parientes más próximos (3), y no podían exceder nunca de la décima parte de los bienes del marido. Sin embargo, la gente noble podía al casarse hacer además a la mujer una donación de diez mancebos, diez mancebas y veinte caballos, pudiendo ascender las donnas a mil sueldos (4). En el caso de que la mujer muriese intestada y sin hijos, las arras pasaban al marido. Antes del establecimiento de los visigodos en España, existía ya entre ellos la costumbre de que las mujeres tuviesen participación en los bienes del matrimonio, principalmente en los adquiridos durante la guerra.

El Fuero Juzgo prescribe, que dichos bienes se repartan entre el marido y la mujer, con arreglo á lo que cada uno hubiere aportado al matrimonio (5).
Admitía el Fuero Juzgo el divorcio en sus dos formas, en cuanto al vínculo, y como mera separación de los cónyuges, si bien determinadamente, no las establecía con tales nombres; y eran justas causas para producirlo, según él, entre otras, el adulterio, la sodomía del marido, el que éste intentara pervertir a la mujer y los votos religiosos.
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(1) Ley 1, tit. 11, lib. 111.
(2) Tit. 11 y 111, lib. 111.
(3) Ley Vil, tít. 1, lib. 111. 
(4) Ley VI, tít. 1, lib. 111.
(5) Ley XV11, tít. 11, lib. IV.

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Se establecían también diferencias que se relacionaban directamente con el orden jurídico. Así, por ejemplo, se distinguían los hombres libres de los esclavos, y dentro de los primeros, aquéllos que siempre fueron libres, de aquéllos otros que estuvieron en esclavitud; los hispanos, de los godos; los súbditos de la monarquía, de los extranjeros; los vecinos de una localidad, de los forasteros; los clérigos, de los legos; los nobles, de los vasallos, etc., etc.

La idea de la familia, como la del parentesco, no se definen en el Fuero Juzgo, pero se reconocen ampliamente. Se distingue el parentesco natural del de afinidad, concediéndoseles iguales efectos cuando se trata de la celebración del matrimonio, y diversos en las sucesiones; dentro del primero, se diferencia la línea recta de las colaterales, llegando a determinarle en unos casos hasta el sexto grado, y en otros hasta el séptimo. Entre los parientes existen vínculos, según el código que examinamos, que producen derechos positivos en ocasiones dadas, como en las sucesiones; en otras derechos negativos, como la imposibilidad de contraer matrimonio; y en otras cierta comunidad de intereses, que explica la intervención de los parientes del huérfano en los asuntos de éste.

El matrimonio, institución ya conocida de los visigodos antes de su establecimiento en España, hallábase al final del período que examinamos completamente reglamentada, por más que a semejanza de lo que ocurría en el derecho romano, no estuviese determinado de un modo claro y preciso en el Fuero Juzgo todo lo relativo á la forma de su celebración, acerca de cuyo punto era la legislación canónica la que regía. Pero lo relativo á los requisitos que deben mediar en todo matrimonio, la materia de impedimentos, y las consecuencias que el vínculo matrimonial produce, tanto respecto de las personas de los cónyuges y de los hijos, como en cuanto á sus bienes, fué desarrollado por entero en el Fuero Juzgo.

Los requisitos eran tres: celebración de esponsales, consentimiento paterno y dación de arras. Los esponsales, institución que hoy carece de importancia, la tenían á la sazón muy grande, debido quizás á que como la ley civil nada decía respecto de la manera de celebrarse el matrimonio, se procuró por medios indirectos distinguir las uniones que merecían tal nombre, de las demás. Los padres podían contraer esponsales en nombre de sus hijos siendo preciso el consentimiento de aquellos, aun en el caso de que éstos fueran los que los celebraran; producían la obligación de casarse, debiendo la mujer, cuyo padre hubiera celebrado esponsales en su nombre, ser entregada, aun contra su voluntad, a aquél a quien había sido prometida; no se anulaban á no ser por el mutuo disenso, y sus efectos duraban dos años (1). Podían celebrarse ante testigos y por escrito, lo cual indica que no eran los esponsales según el Fuero Juzgo, una simple promesa de matrimonio, sino una promesa hecha con ciertas solemnidades.

El consentimiento paterno era quizás más importante, según la legislación que examinamos, que el mismo de los contrayentes, cosa en verdad nada extraña, si se tiene en cuenta que mediante el matrimonio de los hijos, salían éstosn de la patria potestad, y podían dar á sus padres herederos forzosos. El matrimonio celebrado sin este requisito, era nulo, según la legislación romana, pero la canónica y el Fuero Juzgo con ella le consideraban válido, aunque ilícito.

Por tal razón, las hijas que contraían matrimonio sin la voluntad de su padre, perdían la parte que pudiera corresponderles en la buena de éstos, á no ser que las recibieran en su gracia (2). El consentimiento debía darse por el padre; si éste hubiera muerto, por la madre; «é »si la madre es muerta, ó se casar con otro marido, los hermanos deben casar la hermana, si »son de edad complida, é si non son de tal edad, »el tío los debe casar», pudiendo los hermanos que fueren de edad cumplida, casarse en contra del consejo de sus parientes, cosa que no ocurría respecto de las hermanas (3). Contra la opinión de los padres, no tenían los hijos recurso alguno, pero muerto el padre, si los hermanos, retardasen maliciosamente el casamiento de la hermana, podía ella casarse por sí (4).

Establecía el Fuero Juzgo, respecto de las arras, que cuando dos personas libres quisieran contraer matrimonio, el aspirante á marido debía hablar con el padre de la mujer, añadiendo la ley á que nos referimos, que si la pudiere ayer por mugier, dé las arras al padre, assi cuerno es derecho, eslía non pudiere ayer, finque la mugier en poder del padre (5). Venían, pues, á ser las arras, algo así como una reminiscencia de la antigua compra que el marido hacía al padre de la mujer de la potestad que éste tenía sobre ella.

No podían contraer matrimonio los que carecían de aptitud física para ello, siendo de advertir que, respecto de la edad, predomina en el Fuero Juzgo la tendencia á rebajarla, propia de la Iglesia católica. Se admite la existencia de impedimentos, que anulan en ocasiones el vínculo, y en otras no. Los principales de que se habla, son: la existencia de esponsales celebrados con otra persona; la falta de consentimiento paterno; diferencia grande de edades, etc., etc.

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Debemos, según el método que nos hemos propuesto seguir en las presentes lecciones, examinar el contenido del Fuero Juzgo, para formar idea del estado en que se encontraba el derecho, al terminar la época á cuyo estudio venimos consagrados...

El derecho civil, fue de todas las ramas de la ciencia jurídica la que más desarrollo alcanzó entre los visigodos, cosa nada extraña, puesto que el derecho privado fué el más cultivado de los romanos, y la cultura jurídica del pueblo rey, es la única que puede reputarse como antecedente de la de aquéllos.

La personalidad jurídica fue ampliamente reconocida por el Fuero Juzgo, el cual introdujo muy pocas variantes en la doctrina que, acerca de la materia existió en Roma, así respecto de la persona física é individual, como respecto
de la moral ó colectiva. En cuanto á la persona individual, el Fuero Juzgo se ocupa no sólo de los seres nacidos, sino también de los simplemente concebidos, consagrando casi toda la teoría romana de los postumos, al establecer que «si el marido muriere, é »dexa la muier premiada, el fiio que nasciere »después sea heredado egualmientre en la buena del padre con los otros fiios; é si non dexare nengun fiio ó diere su buena á quien quisiere, mandamos que pueda dar la quarta parte é las tres partes deve aver aquel que nació después de la muerte del padre; e si el marido ó la muier seyendo casados, ante que ayan fiios, el marido á la muier, ó la muier al marido, el uno al otro, dieron de su buena é después ovieron fiios, aquella donación non vala; mas los fiios ayan toda la buena de su padre, fueras ende la quinta parte que puede dar por su alma á quien quisiere».

Para reputar a un ser nacido, exigía tres circunstancias: que naciera vivo, que viviera diez días y que fuera bautizado, además de lo cual se reconocían las distinciones fundamentales que pueden establecerse respecto de la personalidad humana, tanto en atención al orden natural, como en consideración al jurídico. Bajo el primer punto de vista, señalaba diferencias por razón del sexo entre los varones y las hembras, concediendo mayor protección á éstas que á los primeros, y por razón de edad entre los mayores y menores. En la ley VIII, tít. II, lib. III, se establece, por ejemplo, que la mujer que contrajese matrimonio contra la voluntad de sus padres, si éstos no «la quisieren recebir de gracia, ella nin sus »íiios non deven heredar en la buena de los padres»; las mujeres necesitaban para casarse del consentimiento de sus hermanos, tíos y demás parientes cuando no tenían padres, y ninguna de ambas disposiciones se referían a los varones. Todo esto, aparte de la propiedad de las arras concedida á las mujeres, y de la participación que se las daba en las ganancias de la sociedad conyugal.

Respecto de la mayoría de edad, es muy difícil precisar cuándo empezaba, según el Fuero Juzgo. Con efecto, al hablar de las tutelas, dice que sean «lamados huérfanos los fiios que son »sin padre é sin madre fasta los XV annos»; en otra ley dispone que los huérfanos, aun siendo mayores de catorce años, «si los defendedores los an en poder á ellos 6 á sus cosas, qualquequier escripto que fagan fazer de demanda, ó de quitamiento, ó de abenencia que faga fazer »el defendedor por él ó por otri, non vala esto nada, ni aya nenguna fuerza»; en otra, que los padres pueden usufructuar algunos bienes de sus hijos, hasta que éstos cumplan veinte años ó se casen; en otra, que si la viuda quisiese contraer nuevas nupcias, «é alguno de los »fiios, fuere de edad de XX annos fasta XXX , »este deve aver los otros hermanos é las sus cosas en guarda, é non las dexar enaienar ni perder á ellos ni á otri»; y en otra, por último, que los mayores de diez años pueden hacer testamento en caso de enfermedad. Sin embargo, la opinión más corriente entre los intérpretes, es que la mayoría de edad comenzaba á los veinte años.

Además, se admitía que por su edad avanzada, los hombres pudieran eximirse del cumplimiento de ciertos deberes, como el ejercicio de la tutela, por ejemplo, y se establecían diferencias entre las personas, por razón de su estado entre los sanos y enfermos.

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Promulgado el Fuero Juzgo en la última época de la monarquía goda, conservó su fuerza legal durante toda la Reconquista, si bien perdió algo de su carácter general por los fueros que se concedieron á los nobles, y aun á los pueblos y ciudades. Algo obscurecido por el Fuero Real y las Partidas, no dejó por eso de estar en rigor, y el Ordenamiento de Alcalá, las leyes de Toro, y la Novísima Recopilación, demuestran, al establecer el orden de prelación de los Códigos, la gran estima en que siempre fue tenido.

Se compone de doce libros y un título preliminar o prólogo, formado por dieciocho leyes, y titulado "De la elección de los príncipes", en el cual se consignan las reglas a las cuales debía sujetarse el nombramiento de los monarcas, y las garantías de que había de estar rodeada la familia real para librar a sus individuos de todo género de asechanzas y atentados.

El libro primero se denomina "Del facedor de la leí et de las leyes", y se compone de dos títulos que componen quince leyes. Expolíense en él las cualidades de ciencia, moralidad y rectitud que deben adornar a todo legislador para merecer tal nombre, así como las condiciones, requisitos y caracteres que han de tener las leyes, y la fuerza de obligar y efectos que producen.

El libro segundo se llama "De los juicios y casas". En los cinco títulos de que se compone, se legisla sobre la organización de los tribunales de justicia y el procedimiento criminal, estableciéndose leyes á cual más sabias y prudentes. Entre sus disposiciones principales, pueden citarse aquellas que consignaron el principio de la no retroactividad de las leyes, la prescripción de las acciones, el mayor valor de la prueba documental sobre la de testigos, etc...

Trata el libro tercero de los matrimonios y nacimientos. Consta de seis títulos, y se denomina "De los casamientos é de las nascencias". Permítese en él el matrimonio entre germanos y romanos, como uno de los medios que más habían de contribuir a la fusión de ambos pueblos; guiado por los principios germanos, se castiga severamente el adulterio, hasta el punto de entregar al cónyuge culpable al injuriado para que lo castigue a su voluntad, siendo de advertir que le era permitido al cónyuge inocente dar muerte al adúltero y hacerse dueño de sus bienes.

El libro cuarto, "Del linaje natural", trata del parentesco, sucesiones y guarda de menores. Introdúcese en él una novedad respecto de la legislación romana: la institución de los gananciales, los cuales se dividen, no por partes iguales, sino con relación a los bienes de cada cónyuge.

El libro quinto, "De las avenencias é de las compras", trata de los contratos en general, y especialmente del de compraventa, estableciendo el principio de que deben descansar sobre la base del mutuo y libre consentimiento, hasta el punto de declarar nulos aquellos contratos en que haya existido fuerza o miedo, principio que más tarde hubo de desarrollar en toda su extensión el Ordenamiento de Alcalá.

Los libros sexto, séptimo y octavo, se ocupan de la materia que hoy se comprende bajo el nombre de Derecho penal, señalándose en ellos, no sólo la naturaleza de los delitos, sino también la de las penas con que debían ser castigados. En estos libros se nota, más que en materia alguna, la influencia que el derecho germano ejerció en la redacción del Fuero Juzgo. Admitíase el tormento, y era principio asentado en él que al delincuente se castigase, á ser posible, con un daño igual al por él causado. Se establece, además, que la responsabilidad criminal es personalísima, y no puede, por tanto, transmitirse á los hijos la en que incurrieran el padre, aun cuando sí pasase la responsabilidad civil. Denomínanse estos libros "De los mal fechos et de las penas et de los tormentos, de los furtos et de los engañaos" y "De las fuerzas et de los dannos et de los quebrantamientos", respectivamente.

Como se ve, los libros séptimo y octavo, se refieren más en especial a los delitos contra la propiedad. Llámase el libro noveno "De los siervos foidos et de los que se tornan", y trata de los fugados del servicio militar y del asilo eclesiástico. Establécese en él la obligación que tienen todos los ciudadanos de acudir á la guerra, y se prohibe que se persiga al que se refugie en una iglesia.

El libro décimo, llamado "De las particiones é de los tiempos é de los annos é de las lindes", trata de la división, arrendamiento, prescripción y deslinde de las tierras. Son de notar las disposiciones por las cuales el que edificaba en terreno ajeno, creyendo de buena fe que era suyo, adquiría lo edificado con la obligación de indemnizar al dueño del terreno, dándole otro de iguales condiciones y cabida; pero si había mediado mala fe por parte de alguno, se perdía lo edificado, ó el terreno, según el caso.

En el libro onceno, "De los físicos, e de los mercaderes de Ultramar, e de los marineros", se castiga al médico cuando el enfermo se debilite por efecto de una sangría, y se le prohibe cobrar si el enfermo muere, y se establece que los mercaderes extranjeros sean juzgados por las leyes de su país.

El libro duodécimo, "De devedar los tuertos, é derraigar las sectas é sus dichos", trata de las injurias herejías y judíos.

No es posible hacer una crítica razonada del Fuero Juzgo, como de código alguno, sin tener en cuenta las condiciones de la época y el grado de cultura del pueblo para el cual se dictó. Teniendo en cuenta esos elementos, no puede menos de afirmarse que el Fuero Juzgo constituye un gran paso dado en el camino de la civilización y del progreso. Así se ha reconocido en todas las épocas y por todos los escritores, excepción hecha de Montesquieu, que basado en fútiles motivos, calificó los preceptos de este gran código de pueriles y absurdos.

La manera cómo el Fuero Juzgo unifica la legislación, haciendo desaparecer aquel dualismo jurídico, que como valladar infranqueable se oponía a la fusión de los visigodos con los hispanos romanos, es por todo extremo admisible. En las luchas que después tuvieron que sostener los monarcas castellanos con la nobleza, en los deseos de unificar la legislación foral con la de Castilla, deseos de tantos monarcas y de tantas generaciones, no encontramos disposición alguna que resolviera el conflicto de la manera sabia y prudente que el Fuero Juzgo venció el propósito que perseguía.

Han sido varias las ediciones que se han publicado de este cuerpo legal. Las principales son: la publicada en París en 1579 por Pithou, y las publicadas en España por Alfonso Villaviego en 1669, D. Juan Antonio Lorente en 1712, y la de la Real Academia Española en 1815.

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Suponen algunos escritores que Sisenando fue el autor del Fuero Juzgo, quien sometió su obra a la aprobación del Concilio 4.° de Toledo; y se fundan para sostener tal aserto, en el epígrafe de los códices romanceados, en el cual se dice que el código de que nos ocupamos fue hecho por sesenta y seis Obispos en el Concilio aludido, ante la presencia de ese rey y en el tercer año de su reinado.